EFECTOS FISCALES por no ENTREGAR INFORMACIĆN
- Lic. Oscar Chile Monroy
- hace 2 horas
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El cumplimiento de las obligaciones formales ante la Superintendencia de AdministraciĆ³n Tributaria (SAT) no es un tema menor ni de libre elecciĆ³n del contribuyente, sino un mandato expreso de la ley que debe cumplirse. La forma de requerir informaciĆ³n, documentaciĆ³n, libros y registros contables, estĆ”n regulados en el artĆculo 130 del CĆ³digo Tributario (CT).Ā Deben ser atendidos en forma diligente y dentro de los tĆ©rminos seƱalados, ya que la omisiĆ³n o negativa injustificada de cumplir con ellos puede resultar en consecuencias fiscales graves, derivada de determinaciones presuntivas que impactan directamente la carga tributaria.
Es necesario enfatizar que tales requerimientos deben practicarse mediante notificaciĆ³n personal y la ley regula que en la misma se harĆ” constar el mismo dĆa que se haga y expresarĆ” la hora y el lugar en que fue hecha e irĆ” firmada por el notificado (contribuyente), pero si Ć©ste se negare a suscribirla, el notificador darĆ” fe de ello y la notificaciĆ³n serĆ” vĆ”lida.Ā Dicha notificaciĆ³n no se debe confundir con comunicaciones electrĆ³nicas, recordatorios o avisos enviados por correo electrĆ³nico, los cuales no producen los mismos efectos legales. Es importante, por lo tanto, distinguir entre comunicaciones electrĆ³nicas y notificaciones personales debidamente realizadas, siendo estas Ćŗltimas de obligatorio cumplimiento y plazo fatal.
El artĆculo 130 del CT dispone que serĆ”n objeto de notificaciĆ³n personal los requerimientos que fijen un plazo para que el contribuyente realice, se abstenga de realizar, entregue documentos, reconozca hechos o manifieste conformidad o inconformidad respecto de un asunto. El tĆ©rmino legal debe observarse cuidadosamente para no incurrir en incumplimiento.
Ahora bien, el artĆculo 109 del referido cĆ³digo otorga a la SAT la facultad de efectuar determinaciones sobre base presunta en casos de negativa a entregar la informaciĆ³n requerida.Ā Para el efecto el ente fiscalizador puede fijar la obligaciĆ³n tributaria tomando en cuenta:Ā Promedios de perĆodos fiscales anteriores declarados, informaciĆ³n obtenida de terceros vinculados con la actividad econĆ³mica del tributario, parĆ”metros generales de ingresos, egresos, costos o mĆ”rgenes de utilidad propios de la actividad, entre otros mĆ”s. Dicho escenario coloca a las entidades y personas en una posiciĆ³n de riesgo, pues la determinaciĆ³n presunta puede no reflejar su realidad econĆ³mica y, sin embargo, generar una carga impositiva que es objeto de exigencia.
La ley, no obstante, reconoce el derecho de defensa, admitiendo prueba en contrario contra la determinaciĆ³n presunta. Sin embargo, debe destacarse que el contribuyente no queda liberado de responsabilidad, ya que la SAT puede efectuar una posterior determinaciĆ³n sobre base cierta y para ello la ley fija un plazo a la autoridad tributaria, advirtiendo que siempre que se haga por una sola vez y dentro del aƱo siguiente contado a partir de la fecha en que se efectuĆ³ la determinaciĆ³n sobre base presunta, pudiendo dejar sin efecto la presunciĆ³n inicial.
Es indispensable subrayar que la determinaciĆ³n presunta procede Ćŗnicamente por negativa a proporcionar la informaciĆ³n o documentaciĆ³n requerida. Casos como libros no actualizados, documentos extraviados o destruidos, etc. deben ser debidamente justificados y respaldados en el proceso de auditorĆa fiscal, para lo cual resulta altamente recomendable el acompaƱamiento de profesionales especializados en materia tributaria.
En conclusiĆ³n, se debe asumir con responsabilidad la obligaciĆ³n de responder en tiempo y forma, pues de ello depende la protecciĆ³n de su patrimonio frente a determinaciones presuntas que la SAT estĆ” legalmente facultada a imponer.
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